El día 11 de julio, se llevó a cabo una audiencia temática crucial en el marco del 190° Periodo de Sesiones Virtuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se abordó la grave situación de los Pueblos Indígenas Miskitu y Mayangnas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Esto se logró gracias al esfuerzo conjunto de varias organizaciones de DDHH, tales como CEJIL, Race & Equality, OMCT, Fundación del Rio, CALPI y EL OPIA, además de varias organizaciones locales que por seguridad no se mencionan.
Durante la audiencia, líderes indígenas relataron cómo la violencia armada perpetrada por colonos no indígenas, la imposición de autoridades por parte del gobierno y grupos armados ha escalado, resultando en desplazamientos forzados y un aumento significativo en el número de víctimas de violencia.
Tininiska Rivera, indígena miskita, manifestó que esta situación se ha generado como parte de un proceso de colonización que implica, un etnocidio. “La violencia armada y estrategias para romper nuestras formas de vida tradicional han forzado el desplazamiento de nuestras comunidades. Las autoridades estatales perpetúan la impunidad al omitir investigaciones y no responsabilizar a los colonos”, lamentó Rivera.
La joven también denunció los ataques contra el partido indígena YATAMA y la detención arbitraria de dos de sus principales líderes, Nancy Henríquez, condenada a ocho años de prisión y quien se encuentra en aislamiento; y su padre Brooklyn Rivera, de quien se desconoce su paradero desde el 29 de septiembre de 2023.
Camila Omar, abogada de CEJIL, enfatizó que desde 2015, los ataques perpetrados por bandas criminales de colonos equipados con armamento y entrenamiento militar contra la población indígena han aumentado exponencialmente.
Por su parte, Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, señala que existe una alianza estratégica entre el gobierno y los terceros (colonos) para consolidar el control sobre los recursos y territorios indígenas, y debilitar simultáneamente la capacidad de las comunidades para ejercer su autonomía y preservar su identidad cultural, porque mientras los pueblos indígenas sufren la pérdida sus tierras comunales, la devastación ambiental, el desplazamiento forzado, pobreza y crisis alimentaria; en contraste, el sector minero se ha beneficiado, recibiendo entre los años 2007 y 2022, dos mil quinientos veinticuatro millones de dólares de inversión extranjera directa, veinte veces más que en los tres gobiernos anteriores.
“Las empresas extractivas, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano, se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos” alude Hebertt.
Tsáitami Ordónez, abogada de Raza e Igualdad señala que, sumado a esto, existe una situación preocupante en la que tanto la salud como la educación de las comunidades indígenas se ven gravemente afectadas por la negligencia, discriminación política y presiones indebidas.
Impacto de la Violencia en Mujeres y Niñas Indígenas Miskitus y Mayangnas
Las agresiones en contra de niñas y mujeres indígenas son particularmente alarmantes y diferenciadas. Según reportes de organizaciones indígenas, entre 2018 y 2023 se documentaron “35 casos de violaciones sexuales con el mismo número de víctimas, aunque se cree que hay un subregistro debido al temor de denunciar, especialmente entre adolescentes entre 13 a 18 años… La violencia ejercida contra las mujeres se ilustra trágicamente en los recientes femicidios ocurridos en mayo y junio, que cobraron la vida de tres mujeres Miskitu y una mujer Mayagna” refirió Omar.
Los colonos también perpetran secuestros de mujeres y niñas en los territorios indígenas, sometiéndolas a diversas formas de violencia que a menudo resultan en embarazos. Estos embarazos son luego utilizados por los colonos para reclamar derechos sobre las tierras comunales, argumentando que las mujeres involucradas forman parte de las familias indígenas.
Además del impacto directo de la violencia, Omar refiere que las mujeres indígenas cargan con el cuidado de los enfermos, discapacitados y heridos por los ataques de colonos, así como de familias en extrema pobreza, lo que aumenta significativamente su vulnerabilidad. Y que la magnitud de la violencia ha generado inseguridad alimentaria y desplazamiento forzado entre las mujeres y niñas indígenas, alterando profundamente sus prácticas comunitarias. El temor a los ataques impide trabajar en parcelas, pescar, buscar leña o medicina tradicional, y ha confinado a muchas mujeres en sus hogares, aumentando su dependencia y vulnerabilidad.
Medidas urgentes propuestas a la CIDH
En respuesta a esta alarmante realidad, se solicitó a la Comisión continuar monitoreando y promoviendo los derechos humanos de los pueblos indígenas en Nicaragua, además de emitir un comunicado urgente que visibilice las violaciones generalizadas que afectan todas las esferas de la vida indígena, con énfasis en exigir al Estado nicaragüense el cumplimiento total de las medidas de protección para 15 comunidades indígenas y la liberación inmediata de personas injustamente condenadas, incluyendo líderes comunitarios.
Que la CIDH inste al Estado de Nicaragua a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación a las comunidades indígenas, cesar la criminalización de defensores del territorio y autoridades tradicionales, y proteger especialmente a mujeres y niñas indígenas de ataques diferenciados. Subrayando la importancia del respeto a la propiedad comunal y la libre determinación de los pueblos indígenas, incluyendo el saneamiento de sus territorios y el fortalecimiento de sus instituciones tradicionales.
Finalmente, se exhorta a los Estados miembros de la OEA y a los organismos financieros internacionales a fiscalizar y responsabilizar al Estado de Nicaragua, considerando los impactos desproporcionados sobre los pueblos indígenas. Se pide específicamente que los mecanismos de cooperación internacional condicionen cualquier apoyo financiero al pleno cumplimiento de los derechos humanos, priorizando el consentimiento informado de las comunidades indígenas en decisiones que afecten sus territorios y vidas.
En respuesta a lo presentado, la CIDH se comprometió a continuar monitoreando la situación y colaborar con las autoridades pertinentes para implementar medidas efectivas que protejan a los Pueblos Indígenas Miskitu y Mayangnas en Nicaragua.